Escáner Cultural

REVISTA VIRTUAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO Y NUEVAS TENDENCIAS

ISSN 0719-4757
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¡RÁPIDO Y FURIOSO!

Obama pone las armas

y México los muertitos

(30 mil y pico hasta la fecha)
 

El país sin nombre: Estados Unidos= una condición o figura jurídicopolitica;
de América=que pertenece a este continente… ¿Y cuál es el nombre???


César Espinosa V.

México vive una soterrada intromisión militar por parte de los Estados Unidos, como ocurre en otros muchos puntos de América Latina y del mundo. En la extensa frontera entre los dos países, los “gringos” tienen montado un auténtico “Muro de Berlín” para detener a los indocumentados, pero a través de ese muro se filtra todo el dinero (dollars) del mundo para pagar por las drogas, y junto con los dólares vienen las armas de asalto para los cárteles que le han declarado la guerra al Estado mexicano.  

Desde el año 2000, México he sido gobernado por el partido de la derecha (Acción Nacional); como es el caso de otra nación bajo el mando de la derecha (Colombia), pero entre México y EE.UU. nunca se firmó un “concordato” para el ingreso abierto del ejército yanqui a desplegarse en el país… Hasta ahora. De hecho, en lo que va de este siglo ha sido proverbial la falta de energía, la tardanza y el pasmo del gobierno mexicano para reclamar ante el tráfico ilegal e indiscriminado de armas destinado a armar al “contraejército” de los barones de la droga.

Hace unos días se reveló el retorcido procedimiento de la Agencia para Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), estadunidense, para introducir armas militares a México supuestamente con el objetivo de “seguirles” la pista; el escándalo brotó cuando fue asesinado el agente Brian Terry, de la Patrulla Fronteriza, con un rifle de asalto comprado en Arizona. El “operativo” de la ATF ostenta el revelador sobrenombre de Rápido y Furioso…

¿El Estado fallido, el narcoestado?

En julio de 2006, con apenas 200 mil votos por encima de su contrincante (López Obrador), Felipe Calderón llegó a la presidencia de la república en condiciones de extrema falta de legitimidad y fuerza política.  

A mediados del sexenio, en las elecciones intermedias de 2009, éstas marcaron una debacle electoral para el partido gobernante. Entonces, Calderón se recluyó de nuevo atrás de su descuadrada “ofensiva militar” contra el narcotráfico –una virtual, real, pero según él “No existente” guerra civil.  

El clavo ardiente ha sido su apuesta de legitimarse en el poder sobre la base de atacar –sin estrategia perceptible– al crimen organizado, que fue su quiniela más socorrida desde la discutida elección presidencial y siguió siéndolo en los comicios de 2009.

Ahora, esta forma de “economía de guerra”, por llamarla de algún modo, ha traído daños colaterales que pesan sobre la administración, como los reclamos internacionales por la violación de los derechos humanos por la tropa desencadenada; además de que, a través de esos desmanes y la falta de resultados positivos, se agravió a la sociedad. ¿Comienza ya a incubarse el huevo de la serpiente?

En el proceso electoral, nuevamente la administración coqueteó y se lanzó en brazos de los poderes fácticos (medios televisivos y grandes empresarios, sindicatos corporativizados), pero se sintió presionada por éstos y tuvo lugar el desentendimiento, cuando no la ruptura (Reforma Electoral de 2008). Al mismo tiempo, no faltaron las acusaciones al viejo partido “único” (en el poder de 1929 a 2000), el PRI, de haber aceptado y negociado la violencia del narco, aunque nunca se rompió la vieja alianza “morganática” –de plebeyos y aristócratas– entre el denominado PRIpanismo.

El país vive en medio de un vertiginoso proceso de fragmentación social, acicateado por el estancamiento económico y las condiciones de agudo deterioro en la seguridad pública. Los actores sociales y políticos que tendrían como función central articular y cohesionar las demandas ciudadanas –sindicatos, asociaciones y partidos– no lo están haciendo. Tercero, los incentivos para la acción cooperativa son muy débiles y frecuentemente se contradicen entre sí.

Ante el declive de las capacidades de gobierno entra al relevo la partidocracia, entendida como un arreglo institucional basado en reglas formales e informales, que cierra los espacios de mayor participación ciudadana en los procesos electorales por medio de acuerdos oligárquicos.

Es importante aclarar que la denuncia de este arreglo no trae consigo el rechazo a una idea central de la democracia moderna: la necesaria existencia de un sistema sólido de partidos políticos, que permitiera la participación ciudadana sin erosionarse.

La instauración y predominio de la partidocracia hace suponer la existencia de un virtual "cogobierno", que se convierte en una fuente de empleomanía para sus afiliados y el centro de las negociaciones y la explotación de la influencia política llevada a cabo con el poder público, al margen de la ciudadanía. De esa suerte, dice el pueblo, ambas fuerzas "se hacen una”: la de los directivos de los partidos y la del gobierno.

Se han acumulado décadas en las que el ritornelo ha sido suponer que no pasa lo que pasa; que, aun con tasas de impunidad muy superiores al 90%, las cárceles están a reventar; que priva la corrupción en los tres partidos principales y las desavenencias entre ellos terminan cuando cualquiera de los suyos tiene que ser procesado; que la delincuencia no está penetrando en todos los ámbitos del Estado. Entonces, la clase política cierra filas y se gana sobradamente la desconfianza de cuatro de cada cinco mexicanos.

Crisis  ingobernabilidad

En fin, México es ahora uno de los países que la “nomenklatura” estadunidense (asesores del Departamento de Estado, think tanks al servicio del Pentágono) califica de “Estado fallido” o de “narcoestado”, con miras a justificar por anticipado su previsible intromisión militar.

Vendrá entonces al caso pasar revista a algunas conceptualizaciones politológicas. Varios se pondrán el saco, quizás… La deslegitimación de un gobierno va de la mano con el índice creciente de ingobernabilidad que lo acompaña. ¿Qué hay detrás de este término y cómo se ajusta a las condiciones de la actual realidad mexicana: prácticamente en “guerra civil” y al borde del narco-estado, del Estado fallido? 

Desde la década de los setenta, al proclamarse los límites del crecimiento y del Estado social, las referencias a las crisis de la economía mundial, de las finanzas públicas y del medio ambiente, además de las crisis de legitimidad y de la autoridad estatal, la denuncia sobre el descontrol y el gasto irrefrenado  se tornó tópico cotidiano en cualquier periódico, conservador o liberal, para caracterizar lo que sucedía en la sociedad nacional e internacional.

La fórmula típica para expresar lo anterior fue "ingobernabilidad", popularizada por primera vez en el informe de la Comisión Trilateral. En su discurso, los teóricos neoconservadores de la crisis consideraban como causante de ésta a los acuerdos institucionales de la democracia de masas del Estado de bienestar –en sus versiones inglesa, estadunidense o bien socialdemócrata–, correspondiente al capitalismo tardío o de organización.

Como se recordará, el diagnóstico se fincaba en denunciar el "aumento desproporcionado" de las pretensiones de cogestión del Estado social y de la participación democrática, lo que implicaba suponer una politización exagerada de temas y conflictos que llegó a considerarse como "la codicia incontenida e irreflexiva de los ciudadanos y los trabajadores".

Los síntomas de crisis provenían, según esos análisis, de la diferencia existente entre las pretensiones de la gente y la capacidad de atenderlas, entre el nivel de exigencia y la capacidad de realización del gobierno.

La discrepancia generaba entonces una dinámica que tendía a reproducir tal situación de crisis en forma agudizada –y por demás apocalíptica: los sistemas ingobernables –se decía– tienden a hacerse cada vez más ingobernables. Ese era el exorcismo contra la política, válido entonces y ahora contra toda postura que vaya en desacuerdo con el bloque hegemónico.


La burocratización: cuello de botella ante la crisis

Las sociedades actuales –capitalistas o petromusulmanas- viven bajo la sombra de organizaciones burocráticas cuyo personal es de carácter profesional. La racionalidad burocrática tiende a volverse una forma de vida, en términos de que la acepción de burocracia no se refiere únicamente a los procesos de planeación política y administrativa del Estado, sino a las poderosas redes de organización y control que penetran y rigen la vida de las corporaciones privadas y las organizaciones sociales.


Las relaciones burocráticas de mando y obediencia aparecen a la delantera de todas las esferas de la vida contemporánea: desde las cárceles, las comunicaciones y la salud, hasta los campos de la producción, la educación, el derecho y la comunicación masiva. La influencia vigilante, disciplinante, de la organización burocrática profesional se extiende hasta las más íntimas esferas de la vida en el hogar, en las condiciones del capitalismo tardío.


En cada estrato se reproducen los mismos esquemas, sumamente diferenciados, de privilegios, tareas y responsabilidades, cuyo principio organizativo fundamental es la despolitización.

A partir de la ultraespecialización tecnocrática, las organizaciones burocráticas se alimentan dondequiera no sólo del culto al prestigio y la autoridad –común a todas las oligarquías–, sino sobre todo de la voluntad de dominar y administrar profesionalmente las esferas de la vida para constituirlas como objetos despolitizados de posible control técnico.

En cierto modo, las determinaciones de la tecnoburocratización fueron concebidas e interpretadas como un antídoto contra las crisis del sistema.

En el marco global, la solución del problema de la ingobernabilidad en los países capitalistas desarrollados se buscó lograrla mediante la restauración de mecanismos de competencia que pusieran una barrera a la inflación en sentido estricto y a la inflación de pretensiones en sentido amplio.

Pero no se afectó la producción conspicua ni el dispendio de los países opulentos. La fórmula aplicada –lo mismo en el primero que en el tercer mundo– fue la de desmontar los mecanismos de seguridad social del Estado de bienestar, así como las posiciones de poder económico y político que hubieran alcanzado los sindicatos.


Proliferó, machaconamente, el argumento de la teoría conservadora de la democracia –neoliberal–, que señalaba la insuficiente capacidad de dirección del Estado arguyendo que la competencia entre los partidos y la periodicidad de las luchas electorales obstaculizaban la necesaria orientación a largo plazo de las actuaciones y planificaciones del Estado, lastrando con discontinuidades constantemente la concepción y puesta en práctica de los programas de gobierno.


A partir de las cruzadas autoritarias del neoliberalismo y el neocorporativismo se dio paso al denominado fin de la política, en pos de promover un "Estado de seguridad" que seguía fincado en el "liberalismo de grupos de interés" (Schumpeter), concomitante al Estado bienestarista, a través de la burocratización estructural, la componenda entre grupos y la despolitización social.


En esa fase de planificación capitalista y de medidas anticrisis, las determinaciones en torno de las grandes decisiones políticas provienen crecientemente de un proceso de negociación arcano y sumamente inaccesible, que involucra a las esferas que mandan dentro del Estado y la sociedad.

Neocorporativismo: "democracia" de élites


En las décadas de los 70 y los 80, las medidas anticrisis fundamentaban directamente y justificaron funcionalmente los intentos de desarrollar el sistema de "corporativismo liberal", lo que a su vez significaba propiciar, en un cierto sentido, la "socialización" de la política del Estado.

El neocorporativismo se convirtió en un instrumento auxiliar del centro de control que posibilitaba la autocoordinación social. La iniciativa todavía partía del centro, pero ese centro ya no podía aportar, ni siquiera teóricamente, las soluciones de la iniciativa.


El elevado grado de neocorporativismo parecía reducir la ingobiernabilidad, sobre todo en el norte de Europa. De hecho, las formas de control indirecto siempre han sido motivo de interés. En esa técnica, el control de los organismos paraestatales, la delegación de tareas estatales a grupos privados y muchas formas de actuación casi soberana de organizaciones no estatales fueron aplicados bajo la teoría del corporativismo liberal.


En grandes rasgos, el mecanismo supone que grandes organizaciones burocráticas (corporaciones privadas, trabajo organizado, partidos cartelizados, titulares de gobiernos y, en el trasfondo protagónico, los medios masivos) negocian entre sí dentro del marco del aparato estatal e imponen presuntas soluciones a demandas que conciernen a la sociedad en su conjunto.


El Estado burocrático tiene que abandonar sus pretensiones democráticas y reducir las expectativas. Está obligado a abogar en favor del principio de restricción: los grupos marginales tienen que aprender a exigir menos del gobierno; los líderes sindicales tienen que evitar las demandas inflexibles; los políticos han de asumir decisiones impopulares. En México, esto se conoce como "apretarse el cinturón", sobre todo en el aspecto del salario.

Aunque aparentemente la política institucionalizada aumenta la capacidad de respuesta y la legitimidad del Estado, lo que sucede es lo contrario: los participantes institucionalizados se convierten fácilmente en grupos de veto y limitan así la efectividad del gobierno. En México, los “poderes fácticos” actuales. Entonces, según este enfoque, un "exceso de democracia" promueve directamente mecanismos burocráticos siempre más complejos y "desconcierto" (Huntington) entre su clientela política insatisfecha. El círculo de nuevo se cierra.

 

Crisis y neomarxismo

En otro marco, Claus Offe, teórico neomarxista alemán, denunciaba que tan eclécticas se veían las explicaciones ofrecidas acerca de la crisis política mediante la "ingobernabilidad" por parte de los teóricos conservadores –y lo mismo afirmaba de sus oponentes socialdemocrátas–, como igual de incoherentes y caprichosas aparecían las terapias propuestas.

Por un lado, el lamento difuso acerca de la fragilidad de las situaciones sociales que resultaba de los procesos de modernización políticos y económicos; por otro lado, las exhortaciones que se hacían al mundo político y a la opinión pública política para que abandonaran los escrúpulos tradicionales y tomaran, con un resuelto pragmatismo, el camino de vuelta a la estabilidad y al "orden". La unilateralidad patrocinada por el Banco Mundial y el FMI.


De acuerdo a esos enfoques, la polémica contra la modernización política no requería de ninguna fundamentación consistente, de ninguna programación ni de ninguna teoría sobre la transición política para dominar la situación; el asunto se resolvía lisa y lirondamente: bastaba con integrar una coalición negativa antipolítica de los amenazados (real o pretendidamente) por reformas, invocando unas potencias del orden que estaban ya desgastadas o que se habían vuelto subversivas y que, por tanto, más valdría dejar de lado.


En palabras de Offe, el Estado sólo puede funcionar como Estado capitalista haciendo un llamado a los símbolos y las fuentes de apoyo que ocultan su naturaleza de Estado capitalista; la existencia de un Estado capitalista presupone la negación sistemática de su naturaleza como tal. Bajo la presión que presupone este problema estructural, las élites del Estado definitivamente desalientan la vida pública autónoma.

Esto se debe, como se citaba antes a Huntington, a que los procesos de democratización sustantiva cargarían en exceso al aparato estatal con exigencias que, por otra parte, podrían llevar a la conciencia popular la contradicción que hay entre la socialización de la producción que hace el Estado y la dependencia continua de la asignación privada del valor excedente.

Para las izquierdas, a su vez, las crisis son abordadas como constelaciones de "trastornos" que pueden ser acontecimientos productivos históricamente; como una serie de sucesos problemáticos sobre cuyo desenlace es posible hacer previsiones negativas, es decir, que ciertos esquemas de resolución de las crisis se revelen como inservibles.

 

Así, las crisis no son sucesos contingentes, como un accidente que tanto podría ocurrir que no ocurrir, sino manifestaciones de tensiones y "fallos de construcción" inherentes a los principios organizativos de una formación social.


Ante las sucesivas crisis que afectaban a todos los estados burocráticos, los enfoques neomarxistas hicieron progresos en dirección de una ciencia moderna en el análisis de las condiciones de intercambio de los subámbitos de la sociedad. Los regímenes de acumulación, los modos de producción y los modos de regulación fueron concebidos como esferas relativamente autónomas, que no podían ya deducirse unas de otras.


Se llevó a cabo una diferenciación intelectual parcial de los subsistemas económico y político. El capital y el proletariado ya no se entendían como bloques monolíticos. El análisis neomarxista del poder en el Estado capitalista se destotalizó.


El nuevo enfoque combinaba una aspiración "antiguomoderna" a la totalidad de la explicación con un sentido posmoderno de la mencionada autonomía e irreductibilidad de los subámbitos de la sociedad. Se renunció a las superabstraccciones: ya no hay un capitalismo, sino capitalismos. Una consecuencia de esta callada posmodernización del neomarxismo fue el pregón precipitado que anunciaba el final de las esperanzas revolucionarias y la despedida de los sujetos revolucionarios.

Los préstamos conceptuales de los autopoiéticos, que descubrieron el "orden mediante la fluctuación", fueron aceptados. Como teoría de crisis, el enfoque buscaba legalidades de las discontinuidades y regularidades en la producción del sistema de equilibrio transitorio. El crítico proceso de adaptación del equilibrio al desequilibrio fue descrito en los términos de la teoría contemporánea de las catástrofes.

El análisis se desplazó desde un determinismo económico a un análisis político del poder capitalista; el determinismo económico del marxismo anterior fue suprimido. Este desplazamiento del interés hacia el sector cultural había sido preparado mucho tiempo atrás en la Escuela de Frankfort. Jürgen Habermas consideraba posible que en la sociedad postindustrial el papel impulsor de la transformación pasara a manos del sistema educativo y científico.

La idea de Gramsci de que la hegemonía cultural es el prerrequisito de una revolución esencialmente más civil fue desarrollada bajo numerosas variantes en el neomarxismo, sobre todo en los países latinos. La hegemonía se caracterizó como la capacidad de un modelo de circunstancias sociales de imponerse ejemplarmente.

Las instituciones, que como sujeto no marxista se habían dejado durante mucho tiempo "a la derecha", volvieron a situarse en el centro del análisis. Tenían en común que explicaban la dinámica de las clases y de los grupos sobre todo mediante los sistemas dominantes de creencias. Buscaban explicar de este modo por qué había que revisar las antiguas teorías del colapso.


El interés por la superestructura cultural creció de forma directamente proporcional al anquilosamiento del socialismo real y a la impotencia de la inteligencia de izquierdas en Occidente.

Frente a ese desfase, tanto Habermas como Offe están conscientes de que las contradicciones administrativas y culturales del capitalismo tardío tienden a fomentar respuestas estatales autoritarias y cierta organización paramilitar de la sociedad.

Tal situación se ha patentizado en los últimos años con la emergencia de nacionalismos beligerantes, neonacismos y fundamentalismos, hasta los terrorismos y el tecnoterrorismo global de la ultraderecha republicana gringa, así como las agresiones a los migrantes –basta ver nuestra frontera norte–, entre otros efectos convulsos.


Los ejes de la política:  construcción de la legitimidad

En términos del politólogo Manuel Villa (1996), si se admite que los tres niveles de la política son el Estado, el régimen y el sistema, entonces cabe asumir que el Estado originado en México a partir de la Revolución sufrió un serio descalabro a resultas de la contrarreforma neoliberal ejecutada durante el periodo 1982-1994.

En ese lapso, no sólo se pusieron en liquidación casi todos los activos que administraba y operaba en el terreno económico, sino que se desmantelaron los apoyos, coaliciones y alianzas sociales que le habían dado vigor y estabilidad durante más de seis décadas. Así –prísta o panista–, el Estado vigente perdió su capacidad de articular e integrar los intereses y las expresiones de los conglomerados sociales más vigorosos, con lo cual se ve orillado a la atomización y la parálisis.

A su vez, lo que se ha llamado el régimen político, como la zona normada por la Constitución y las leyes para el ejercicio de la política, parece contar aún con la cohesión de sus componentes principales: una todavía consistente estructura institucional y de gobierno; regularidad de los procesos electorales; una razonable circulación de élites; un decreciente nivel de desahogo y resolución de la demanda social, y, en suma, todavía goza de márgenes admisibles de estabilidad política a partir de consensos. (Es decir, la renovación del poder por vía del voto y los partidos sigue funcionando.)

Por último, el ámbito del sistema político, caracterizado como el espacio de operación de la clase política –el conjunto de prácticas, hábitos, rituales y leyes no escritas que organizan la competencia en esa clase–, se considera prácticamente hecho añicos. Los partidos predominantes y la mayoría de las organizaciones políticas que surgieron a partir del estatismo se resquebrajan internamente y la crisis de liderazgo se hace endémica, incluyendo el mesianismo de López Obrador.  

La crisis del Estado desarrollista-populista, en 1982, dio pábulo al afianzamiento de la nueva forma de dominio cupular tecnoburocrático, la del estatismo-financista. El sistema político, a partir de los años 90 y cada vez de modo más acentuado en la primera década del siglo XXI, se presentaba corporativo en la organización social, oligárquico en lo regional, burocrático en el aparato del Estado, las instituciones y los partidos.

Esto es, excluyente, desmovilizador, desorganizador y, sobre todo, inequitativo.

En el marco descrito, las tres fuentes de legitimidad -electoral, la de los compromisos sociales y la de eficacia gubernamental-, que acentuaron sus crisis desde tiempos de Luis Echeverría (1970-80), llegaron al punto de ruptura con los  de Salinas de Gortari y de Zedillo (1988-99).

La electoral, muy maltrecha desde 1986 y con su gran momento de cuasi ruptura de 1988, si bien registraría ciertos repuntes a favor del sistema en 1991 y 1994, acabaría quebrantando al viejo partido de Estado en 2000, aunque éste parecería que regresará por sus fueros en 2012.

La de compromisos sociales tendió a fracturarse con el cierre de la política social a los sectores corporativos y la supeditación del sindicalismo a los pactos y a los recortes de presupuesto y salariales, proceso que se ha enconado bajo el panismo. Finalmente, la de eficacia del Estado quedó restringida desde la reforma electoral de 1996 al freno a la sobrerrepresentación en el Congreso y la realidad del gobierno dividido.

En una primera fase, el Estado surgido de la Revolución se instituyó como el principal agente de desarrollo del país. Tomó el lugar de la burguesía nacional y estableció los mecanismos de inducción que impulsaban el desarrollo de ésta dentro de un marco general de modernización de la economía, con visos defensivos ante un contexto internacional poco favorecedor de los movimientos reivindicadores en los países sometidos al colonialismo directo o al neocolonialismo dependiente.

Touraine ha definido a tales regímenes como nacional-populares, caracterizados a partir de una élite modernizadora que establece alianzas con las clases populares, en cuyo nombre habla bajo la pretensión de satisfacer sus intereses.

Su legitimidad radicaba en la capacidad de articular e integrar las expectativas y demandas de los grandes conglomerados sociales con las de las élites económicas, siempre bajo el liderazgo del titular del Ejecutivo y una permanente dependencia del aparato público, que le hizo valedera la apelación de PRI-Gobierno.

En tales términos, el partido oficial enfrentaba el problema de la representación política a partir de esquemas verticales y valiéndose de una permanente negociación para que estuvieran adecuadamente representados los intereses de los sectores corporativos que lo componían: obrero, campesino y popular.

La disidencia se castigaba severamente y el talante electoral era no competitivo. En este marco, el partido oficial se define en los términos de lo que Sartori llama un partido hegemónico pragmático, que no permite la competencia real por el poder aunque sí la existencia de otras fuerzas partidarias pero con límites y capacidades estrictamente acotados.


Desde la crisis financiera de 1982, el Estado inició el abandono de su función central en el proceso de desarrollo y acentuó el establecimiento de una nueva alianza con el sector empresarial exportador, desechando la ideología nacional revolucionaria y la fuente de legitimidad que provenía de ella.

Al mismo tiempo, montado en las formas del viejo corporativismo que seguían dominantes en el partido oficial y en el gobierno, desde la “Alianza para la Producción” y la “Reunión de la República” –preludiadas por el “tripartismo” que intentó Echeverría– se desarrollaron mecanismos de corte neocorporativista para enfrentar los baches del modelo desarrollista.

Esos mecanismos tomaron el modelo de “pacto” entre el gobierno, las “cúpulas” empresariales y el liderazgo de la fuerza de trabajo. Se reforzaron por tanto los mecanismos de centralización en las decisiones políticas y económicas.

El esquema neocorporativista se apuntaló en 1993 mediante la suscripción del Acuerdo Nacional de Productividad, un mecanismo que establecía la flexibilización de las relaciones laborales de manera unilateral.

Al mismo tiempo, Salinas llevó a cabo una alianza con el sector sindical “modernizador”, el cual conformó una relación consensual con los empleadores cediendo presencia en la empresa, a cambio de aumentar su participación en las decisiones relativas a la reestructuración y planeación de las empresas.

Durante el periodo de Carlos Salinas se intentaría un nuevo proyecto de control corporativo neoclientelista –paralelo al que de forma menoscabada seguía existiendo en el partido oficial–, mediante la movilización desde el Estado de grupos sociales económicamente deprimidos (seudomaoísta) conocida como Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL). Dicho “solidarismo” serviría de telón de fondo para las reformas legales que echaron por tierra el andamiaje reformista y los mecanismos del Estado social que venían desde tiempos del gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-40).  

Con Solidaridad se ejercía un control menos directo, más sutil, relacionado con el hecho de que la legitimidad nacional-popular desaparecía del discurso oficial y, eventualmente, cedería su lugar a otro régimen asentado en la legitimidad formal-legal, de orden electoral.
El proceso de liberalización política se erigió sobre un reformismo electoral que ha posibilitado la competencia de muy diversas fuerzas políticas desde 1977. Con base en la reforma de aquel año, a lo largo de la promovida por el gobierno de Miguel de la Madrid, de las tres realizadas en el periodo de Salinas de Gortari y de la primera –llamada “definitiva” – de Zedillo, se ajustó el sistema de partidos hasta llegar a un cuadro de tres predominantes y se establecieron nuevos marcos legales para la competencia electoral, caracterizados por mejores condiciones de vigilancia y de participación en los comicios.
En términos muy generales, el proceso ha dado los siguientes resultados: se redujo el dominio priísta en la Cámara de Diputados, al limitarse a 300 el número de curules a cargo de un partido, lo cual impide que un solo partido pueda reformar la Constitución; algo similar se estableció en la Cámara de Senadores al introducirse representantes de la primera minoría por elección, ampliarse el número de escaños de mayoría relativa y ser creados los de representación proporcional.  

Se introdujo y luego se modificó la cláusula de gobernabilidad, para asegurar al partido mayoritario el control de la Cámara de Diputados a través de las diputaciones plurinominales.


Fue sustituida la anterior Comisión Federal Electoral por el Instituto Federal Electoral, que paulatinamente ha ido orientándose de ser un organismo plenamente “ciudadanizado” a quedar al garete de las fuerzas partidistas.

Se instauró también el Tribunal Federal Electoral, en tanto que la reforma zedillista introdujo la intervención de la Suprema Corte de Justicia en los litigios electorales.

Adicionalmente, se reglamentó el financiamiento gubernamental de las campañas electorales y de los partidos, si bien la última reforma mantuvo un tope bastante elevado para los gastos de las campañas.

Las izquierdas en el mundo globalizado

La vigente segunda ola de mundialización de la economía trajo consigo la conformación de un gran mercado global de capitales, mercancías y fuerza laboral; esto es, la formación de la aldea global en un mundo interconectado por la revolución en las comunicaciones y las acotaciones de la soberanía exterior de los Estados-nación en el sistema-mundo en formación.

En el reverso de la moneda encontramos democracias incompletas, estancamiento económico y grandes bolsones de marginalidad social como aspectos centrales del cuadro político-económico en la mayor parte de los países del planeta. Siguen las guerras, como la de Irak-Afganistán, marcadas y alimentadas por el desarrollo y como campo de pruebas científico y tecnológico de nuevos armamentos, comunicaciones y transportes.

Sigue la amenaza mundial de las armas de destrucción masiva nuclear, química y bacteriológica (aunque las de Hussein nunca fueron encontradas). Siguen los riesgos y los desastres ambientales de las industrias energéticas y químicas, por citar algunos puntos de alarma.

En su afán de contraponerse al régimen capitalista tradicional de explotación y sometimiento, tanto como al ahora vehiculado por los sistemas tecnocientíficos, existe rigidez entre los ideólogos y dirigentes de los movimientos alternativos para aceptar que ellos –y sus herederos– vivirán en una etapa de inestabilidad y caos prolongados, con desestructuración y reestructuración acentuadas de las organizaciones y los complejos en lucha.

Más difícil les será entender que las estructuras no lineales “internas” de las organizaciones o complejos y las estructuras no lineales de sus contextos “externos” facilitarán o dificultarán las acciones de las organizaciones y complejos en lucha.

Pablo González Casanova anota que muchos movimientos alternativos, o sus bases, estarán expuestos a “bifurcaciones de bifurcaciones”, es decir, aquellas que derivan en fenómenos caóticos y que sólo se pueden enfrentar con redes y fusiones, a sabiendas de que sin redes de unidades articuladas las unidades desarticuladas son objeto de fácil destrucción.

Los complejos liberadores serán más efectivos si se integran –como los opresores– con unidades o “nodos” autónomos y plurales, y si además de los vínculos-entre-las-unidades-autonómas establecen jerarquías con las ramas “centrales” y disciplinadas de “seguridad alternativa”, en pie de lucha contra la dominación, la mediación, la represión y la apropiación excluyente.

La construcción de una estrategia alternativa implica cuestionar las formas de pensar en sistemas simples. Por sentido común, estamos acostumbrados a pensar y actuar con formas de razonamiento que corresponden a sistemas simples. No es cosa de descartar siempre, y en todas las circunstancias, esas formas de pensar, predecir, actuar, organizar y luchar.

Hay fenómenos lineales que siguen siendo muy significativos, incluso en tiempos y espacios amplios; funciones, interacciones o relaciones sociales que en ciertos momentos y circunstancias –como las crisis– ocupan un segundo plano, pero que tienden a reaparecer aunque sea bajo nuevas formas.

Agrega González Casanova que no podemos descartar organizaciones centralizadas con líneas jerárquicas funcionales para muchos fines de resistencia y sobrevivencia; ni impedir que en los procesos de descentralización circule toda la información necesaria en todas las redes y nódulos de un sistema autorregulado.

Sin embargo, la estrategia englobante exige que al pensar en un sistema complejo, como el del capitalismo organizado, deberán considerarse dos o tres sistemas más autorregulados y contradictorios. “Siempre dos o más sistemas luchan o se entienden, oprimen o se liberan, se disocian o se asocian. El concepto de un sistema único, por significativo que sea, no es el de un sistema complejo. Tampoco el de un sistema dialéctico”.

Se nos plantea, así, que el concepto de un sistema único en el capitalismo organizado es fuente de errores elementales frecuentemente ocultados por un juego de espejos conocido como “enajenación” o “cosificación” del otro y de sus posibilidades de reestructuración autorregulada, y como racionalización y ensalzamiento del sistema en que uno domina o desde el que uno lucha para que domine.

Quedamos advertidos de que frente a la débil interacción de los componentes de muchas organizaciones alternativas –característica de los sistemas simples–, frente a sus subculturas y sectarismos, se impone la necesidad de construir pluralismos culturales, religiosos e ideológicos, y articulaciones de conceptos-informaciones-discursos-actos de interés común, todos ellos articuladores de sistemas complejos, de alianzas, frentes, redes, tanto en los “centros” como en las “periferias”.

Que esas alianzas, frentes y redes no abandonen el referente de las clases y busquen la hegemonía de los trabajadores es un objetivo a ser precisado con las definiciones y redefiniciones de los pueblos, los ciudadanos y los propios trabajadores en lucha por la democracia, la liberación, el socialismo.

En el actual capitalismo corporativo, los movimientos sociales antisistémicos necesitan dominar el nuevo planteamiento de los sistemas complejos que dominan el mundo entre el orden y el caos. “Con Henri Lefèbvre, tienen que valorar ‘la capacidad de recuperación del capitalismo’ y ‘la posibilidad de catástrofes’ irremediables si no se construye un mundo alternativo”.

Desde EEUU, en la mira de los halcones del Pentágono

Desde la perspectiva de la discusión en EEUU el enfoque ha sido otro: uno de los estudios –obviamente patrocinado por alguien, ¿el Pentágono?– originados desde una organización de análisis geopolítico llamada Stratfor, el gobierno mexicano tiene pocas fuerzas policíacas confiables y éstas están concentradas en la frontera y en las regiones clave para el narcotráfico.

La revista Forbes retomó el tema con una portada, en diciembre de 2008, en la que cuestionó: "¿Está cayendo México en un caos criminal y económico? ¿Estado fallido?" (22 de diciembre). En la publicación se exponía la visión de lo que implica para Estados Unidos la lucha contra los cárteles de las drogas en México, según declaraciones de John Walters, en ese momento director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca.

"Si el presidente Calderón falla y las instituciones del gobierno, cuando menos en la parte norte de su país, caen bajo el control de las mafias terroristas; bueno, nos preocupan los espacios no gobernados lejos de Estados Unidos, y esto está justo enseguida de nosotros", enjuició Walters.

"Lo que está en juego en México es enorme, no podemos permitirnos el lujo de tener un narco-Estado de vecino... El fracaso del sistema político mexicano para controlar la ausencia del Estado de derecho y la violencia podría resultar en una ola de millones de refugiados cruzando la frontera, para escapar de la miseria, de la violencia, pobreza, hambre, desempleo y la crueldad e injusticia desbrujulada de un Estado criminal", agregó en otro escenario el ex zar antidrogas de Bush, Barry McCaffrey.

Según datos y análisis ofrecidos por Jorge Luis Sierra, en las hipótesis de guerra del Pentágono sobre México están previstas acciones militares “ante la posibilidad de que en los próximos 25 años, el Estado mexicano ‘se derrumbe´, como resultado del embate prolongado y cada vez más intenso del narcotráfico”.

Los escenarios del Comando de Fuerzas Conjuntas del DoD (Departamento de Defensa), han emplazado a México “en el contexto mundial de los estados débiles, cuyo fracaso puede presentar ‘desafíos muy serios’ a los planificadores estratégicos y operacionales de la fuerza militar de EU”, en un texto de 51 páginas elaborado por el Comando Conjunto de las Fuerzas de Estados Unidos con el título JOE 2008 (Junta Operativa Ambiental).

John Saxe-Fernández planteó que el DoD utiliza estos argumentos “para planificar el uso de su fuerza en las siguientes décadas, lo que haría evidente que la intervención militar debe estar considerada dentro de los escenarios posibles en la relación EU-México”.

Por su parte, en México el Ejército ha anunciado que esa lucha continuará siendo una “cruzada” suya. (Milenio 11/28/08). Este mensaje de la Defensa Nacional hace reconocer, desde el poder, que el riesgo de la polarización de fuerzas existe y que, al admitir la beligerancia operante, una eventual derrota del gobierno puede ser factible. O la virtual hegemonía castrense, que de pronto se vuelven el poder “providencial”.

Como ha planteado  Noam Chomsky, autor del concepto de “estados fallidos”, y también el think tank conocido como Fondo para la Paz (que coloca a México en el sitio 105 de los “estados fallidos”), un Estado deja de ser viable cuando tiene un gobierno central débil, pierde el control de su territorio o el monopolio del uso de la fuerza; o, lo que es igual, cuando deja de proteger a sus ciudadanos contra la violencia, o se encuentra inmerso en la corrupción y el crimen y acaba colapsándose y siendo incapaz de funcionar e incluso satisfacer sus funciones más elementales.

Una realidad inmediata viene a ser la impunidad con que el crimen organizado extorsiona y vende protección en un creciente número de ciudades y regiones del país, acompañado del secuestro y de la delincuencia irrefrenada en general. Ante lo cual, las autoridades judiciales y civiles se muestran tranquilamente despreocupadas. Así, pasó el plazo que les pusieron determinadas fuerzas ciudadanas y no se vieron nunca (ni cerquita) ante la obligación de renunciar.

Importantes regiones del país son escenario de una batalla campal por el control de las mismas. Más de 30 mil muertos, muchos de ellos miembros de las propias organizaciones criminales pero también civiles y miembros de las fuerzas armadas y las policías, revelan con claridad la violencia que ha habido en el país en los últimos años. Y también ilustran el acelerado crecimiento de una diversidad de organizaciones criminales que podrían llegar a poner en jaque al gobierno federal, como ya lo han hecho con varios gobiernos locales.


Posdemocracia” y la cruzada antipolítica

Podemos concluir anotando las consideraciones de Colin Crouch cuando propone el concepto de posdemocracia en torno a las transformaciones sufridas por el esquema ideal de la democracia. Alude así a los Estados que después de transitar hacia regímenes democráticos, no son capaces de ofrecer resultados satisfactorios para la mayoría y generan un estado de frustración y desaliento entre la población.

A su vez, los poderosos intereses de una minoría amplían y consolidan un poder y una influencia determinantes sobre el sistema político. En este escenario, no puede decirse que no haya democracia ya que, entre otras cosas, los procesos electorales funcionan regularmente, pero existen sociedades con problemas de inclusión y representatividad que se pretendían resolver mediante la democracia liberal.

En la nueva etapa resultante –dice Crouch– podemos observar nuevas posiciones de poder para los medios, una mayor sofisticación de las técnicas para manipular a la opinión pública y de los mecanismos para abrir la política al examen público, al mismo tiempo que se presenta el debilitamiento del poder e influencia de los gobiernos y un paulatino decremento de la importancia de los programas y la rivalidad de los partidos.

¿Nos suena conocido lo anterior? En el último tercio del sexenio, la derecha pripanista buscará renovar su acomodo en la Presidencia, y desde allí se afianza un amago de “berlusconización” para el 2018 (¿Azcárraga III?); se hace visible un escenario en el que el país será gobernado por los medios electrónicos con sus servidores instalados en Los Pinos y Palacio Nacional (y San Lázaro, como un verdadero reality show). ¿Narco-Estado, Estado fallido?, los dos leviatanes negros siguen en el panorama como una alternativa nefasta atrás del trono.

¿Y la política? Si no vamos con cuidado, tal vez hasta podría desaparecer de los libros de historia nacional. Pero, en definitiva, la política nunca va a abandonar al zoon politikon… Aunque sí puede ser controlada –y hasta “anulada”– por toda la suerte de oligarquías que han desfilado en el devenir histórico; actualmente, el megapopulismo mediático se disfraza atras del show business, los teletones y mañanitas a la Virgen, para ejercer una política de masas y venderle a la clase política aquello que recibió del Estado: las horas de transmisión por el espacio atmosférico. Y cobrar la cuenta en curules, tal vez gubernaturas y puestos en el gabinete.

El síndrome de descalificar a lo político ha venido incubándose desde hace tres décadas por el radicalismo del neoliberalismo detractor del Estado, que hizo eclosión en tiempos de Reagan y Thatcher; desde el propio Reagan y con los Bush se convirtió en cruzada contra el “imperio del mal” para disfrazar las guerras petroleras contra su antiguo socio Bin Laden…

En los años de este siglo, desde la ominosa fecha del 11 de septiembre-2001, el extremismo religioso-militarista-plutocrático estadunidense emitió su jihad  o “guerra global contra el terrorismo”, que Omaba ha recogido con mano suave y buenos modales, pero implacable hacia su patio trasero: Latinoamérica.

En México, la cruzada antipolítica la encabezan los poderes fácticos bajo la batuta del duopolio televisivo y los grandes capitalistas que medran presionando al gobierno (de cualquier color). Así, entre las amenazas del narco y de los vendedores de armas (privados y oficiales) gringos, ¿el escenario de las elecciones presidenciales en 2012… será catastrófico?

 

Ilustraciones: C. Espinosa, serie POETEXTOS, El atentado/USA en crisis, Euroshima, La “guerra náusea”, 1981-85

 

Bibliografía:

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--Offe, Claus, Partidos políticos y nuevos movimientos sociales, Ed. Sistema, Col. Politeia, Madrid, 1992.

--Offe, Clauss, Contradicciones en el Estado del Bienestar, Alianza Editorial,  Alianza Universitaria, Madrid, primera reimpresión 1994.

--von Beyme, Klaus, Teoría Política del siglo XX. De la modernidad a la postmodernidad, Alianza Editorial, Alianza Universitaria, Madrid,  1994.

--Keane, John, Vida pública y el capitalismo tardío, Ed. Patria/Alianza Editorial, México,  1992.

--Luhmann, Niklas, Teoría política en el Estado de bienestar, Alianza Editorial, Alianza Universitaria, Madrid, 1993.

--Gustavo Gordillo, Partidocracia III: Su vulnerabilidad, La Jornada, 27 de diciembre, 2008. http:// gustavogordillo.blogspot.com

--John Saxe-Fernández,  El silencio del Pentágono, La Jornada, 29 de enero, 2009 http://jsaxef.blogspot.com.

--Jorge Luis Sierra, “Previstas acciones militares sobre México”, El Universal, 24/1/09.

--Rossana Fuentes-Berain, ¿Estado fallido?, El Universal

 

, 16 de mayo 2007.

--Luis Rubio, México: ¿Estado fallido? Reforma, Enero 23/09.

--René Delgado, SOBREAVISO, Rumbo al estado fallido, Reforma, 31 de enero/2009.

--Crouch, Colin, Posdemocracia, Taurus, México, 2004.

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