PARLAMENTO NACIONAL MAPUCHE Y REFERÉNDUM.

documento de opinión polí­tica de los historiadores Mapuche José Millalén, Héctor Nahuelpán y Pablo Mariman

Documento de Opinión:

JOSÉ MILLALEN; HÉCTOR NAHUELPAN; PABLO MARIMAN

El reciente enví­o al Parlamento por parte del gobierno del Proyecto de Reforma a la actual Ley Electoral Binominal y la propuesta de elección por votación popular de los futuros Consejeros Regionales que éste contiene, ha generado reacciones, opiniones y propuestas al interior del Movimiento Mapuche, que en lo esencial intentan poner en evidencia una vez más, la negación y vulneración de algunos derechos colectivos fundamentales de los pueblos indí­genas, en este caso el de la participación polí­tica. Si a lo anterior sumamos los anuncios de una próxima respuesta oficial de Bachelet a las Propuestas de las organizaciones indí­genas en general, y mapuche en particular, que durante el año pasado participaron del denominado "debate indí­gena" nos hallamos ante una coyuntura especialmente sensible, en el cual el movimiento mapuche autonomista debe jugar sus cartas asegurando, ante todo, resguardar los avances en materias de unidad que se ha logrado construir sobre la base del reconocimiento de una diversidad interna y; sobre la definición que se ha hecho de principios polí­ticos estratégicos que tienen en la Libre determinación el marco de acción polí­tica para sí­ y frente al estado.

Parlamento Nacional Mapuche con base Territorial v/s Parlamento o Consejo Nacional Indí­gena

La figura de una institucionalidad estatal indí­gena con un carácter nacional, ya sea con el nombre de Consejo e incluso de Parlamento Nacional Indí­gena, parece hoy por hoy una salida polí­tica cada vez más probable para los administradores del poder (concertación). Esto debido, por un lado, a la crisis ya terminal que vive la actual institucionalidad indigenista, CONADI, la que en los últimos meses se ha visto estancada en su funcionamiento como consecuencia del rechazo que ha concitado la nominación del nuevo Director Nacional en los Consejeros Indí­genas, y por otro, la supresión de este organismo -única instancia del estado que en la actualidad concentra un cierto grado de participación indí­gena a través de la figura de los Consejeros-, no podrí­a ser menor desde el punto de vista de la "participación".

El escenario indí­gena interno y los grados de avance del reconocimiento de los derechos de los pueblos indí­genas en el nivel internacional (espacio en el que ya el estado chileno ha sido interpelado crí­ticamente en materia del resguardo, protección y promoción de los derechos colectivos), harí­an impresentable una instancia aun más restrictiva. De ahí­ que la posibilidad de un Consejo Nacional Indí­gena que incluso tome el nombre de Parlamento, se pueda barajar como posible carta del indigenismo estatal, pues, -y aquí­ le entramos a nuestro parecer al tema de fondo- una estructura con esas caracterí­sticas, es decir, "nacional" refuerza -o por lo menos les garantiza- el control de uno de los sentidos fundamentales del aparato Estado–Nación; el de la "unidad" y seguramente el de la centralidad en la toma de decisiones. O sea, serí­a la reproducción de la misma institucionalidad que por décadas ha negado nuestro derecho a decidir sobre nuestras vidas y nuestro territorio. Seria una clonación del estado aunque con figura indí­gena.

Hemos aprendido que el indigenismo mete a todos los pueblos bajo la misma categorí­a colonial: la de indios. Si un pueblo cree, tiene o aspira a derechos particulares respecto a su historia y su particular relación con el Estado, entonces no cuaja, porque la polí­tica dirigida a este bloque, "los indí­genas" es estandarizada. La "media" aquí­ la ha puesto siempre el dueño del boliche. Si los mapuche tenemos una perspectiva territorial y nacional, no les importa, pues debemos recibir igual y no más que los otros que están metidos en el mismo saco.

Sabemos que la suerte de nuestros pueblos se juega en sus propios espacios territoriales, pues eso es lo que estamos viendo a diario con polí­ticas neoliberales como la expansión forestal que -valga recordar- con los nuevos tratados comerciales firmados por Chile, se cuadruplicará la superficie plantada principalmente en las regiones XIII, IX y X, tan sólo en Gulumapu; la instalación de celulosas con las ya conocidas graves consecuencias en el Ixofill Mogen (caso Celco y Mewin); el emplazamiento de centrales hidroeléctricas ahora en la zona mapuche-williche de Panguipulli; la instalación de empresas de pisciculturas y salmoniculturas, actividad económica en acelerado crecimiento en el paí­s; los proyectos de prospección y explotación minera como el que se pretende hacer en la zona de Lleu Lleu; la instalación de megaproyectos turí­sticos; el explosivo crecimiento de las ciudades sobre las tierras de comunidades mapuche; el conocido proyecto de construcción del aeropuerto regional en la zona de Kepe; la instalación de vertederos y plantas de tratamientos de agua servidas; la siempre vigente idea de construir una amplia red vial de carreteras y puertos; todo ello y quizás cuantos otros planes de intervención económica de empresas nacionales y transnacionales en complicidad con el Estado, hacen que el movimiento mapuche autonomista deba centrar sus esfuerzos en territorializar el ejercicio del poder. Esto en definitiva es que quienes deben enfrentar estas intervenciones, puedan ejercer su legí­timo y tan elemental derecho a informarse, deliberar, decidir y negociar. Siendo realistas; territorializar el ejercicio del poder es, sino la única manera de ejercer soberaní­a, mantener grados necesarios de control sobre si mismo y su futuro como pueblo.

Es saludable que importantes sectores del Movimiento así­ lo entiendan como queda demostrado en la Propuesta de las Organizaciones Territoriales Mapuche al Estado de Chile, entregada al gobierno de Bachelet en enero último. En ella, la Coordinación de Organizaciones Mapuche COM, instancia resultante del proceso de discusión de la mencionada Propuesta, en uno de sus puntos en el ámbito polí­tico de su relación con el estado, plantea el "Reconocimiento de un Parlamento Nacional Mapuche de carácter autónomo y re-fundacional, sustentado en principios y valores mapuche, con base territorial, con decisiones vinculantes en torno a los temas que afecten directa o indirectamente a nuestro territorio"[1].

Las diversas instancias mapuche autonomistas que adhieren a esta propuesta se han planteado el desafí­o. Es el momento entonces de centrar nuestros esfuerzos en hacer nacer esta instancia como espacio propio de discusión, deliberación y decisión sobre los temas que nos afectan y nos competen. ¡Ojo!, no estamos hablando de sustraernos a propuestas como la obtención o concesión (depende de donde se mire) de cupos o cuotas en instancias de representación propias del estado nacional, llámese Parlamento, Consejos Regionales o municipios, es simplemente que a la par de ello apostemos por dar vida a un instrumento sobre el cual podamos ejercer control y soberaní­a en nuestros territorios.

Sin embargo, en un momento especialmente sensible de la dinámica polí­tica chilena, el punto de discusión y preocupación es cómo las instancias territoriales y sociales mapuche, y sus lí­deres, que han confluido en un planteamiento común, no terminan desbandados y envueltos en una ingenierí­a polí­tica indigenista de los partidos concertacionistas, que pudiera darle oxigeno o legitimidad a sus nuevos anuncios (más ahora que se viene la rendición del 21 de mayo y no tienen más conejos que sacar del sombrero), y lo que es peor, hipotecar por unos cuantos años más el fortalecimiento y la posibilidad de ver la luz a propuestas polí­ticas autonomistas como la ya descrita.

Experiencias en este sentido ha habido y recientes, sino, recordemos lo que pasó hacia los inicios del año 2000 en momentos en que los grados de articulación social y polí­tica del movimiento mapuche en Gulumapu se tornaban cada vez más interesante en su discusión y potente en su expresión polí­tica. Los anuncios –y negociaciones de por medio- del gobierno de turno en base a la creación de una Comisión de Verdad y Nuevo Trato, echó por tierra, o por lo menos "desinfló" el proceso, produciéndose el desbande de organizaciones y lí­deres muchos de los cuales terminaron como funcionarios o investigadores de centros de estudios o consultoras. La experiencia está ahí­. Muchos de los lí­deres de la COM incluso vieron particularmente de cerca tal proceso. Entonces, hay que tener el especial cuidado de no entramparse en ese "wachi" nuevamente.

¡¡¿Otra vez la misma cueca?!!

La consistencia y logros en materia de unidad que, por momentos, pareciera adquirir el Movimiento Mapuche, ha forzado al Estado y a los administradores del poder a definir nuevas estrategias, recrear las habituales e intentar crear las condiciones dentro del mismo movimiento para que bajo la lógica del gato pardo, pensemos que "todo cambia" cuando todo sigue igual. En esta dinámica ¿Cuál es el tipo de estrategia que elabora el Estado para garantizar la "gobernabilidad sistémica" su "legitimidad institucional" y el compromiso con los grupos empresariales y el capital transnacional?.

Al recordar crí­ticamente la historia de nuestra relación con el Estado durante algo más de un siglo y medio, encontramos al menos dos procesos que, con diferente intensidad en determinados periodos, ilustran el contexto en el cual muchas veces nos hemos situado: el garrote y la zanahoria, o en un lenguaje más técnico, la represión y los intentos por cooptar al movimiento mapuche y los principales dirigentes que se presentan como potenciales actores de una supuesta "inestabilidad social" (en la lógica del poder económico y polí­tico dominante).

La represión durante los gobiernos de la Concertación, se ha expresado a través de la aplicación de la Ley Antiterrorista y la Ley de Seguridad Interior del Estado, como consecuencia de las demandas territoriales realizadas y la consiguiente judicialización del mal llamado "conflicto mapuche". Como también, a través de la difusión en medios de prensa regional y nacional, de atentados y actitudes terroristas desarrolladas presumiblemente por los mapuche. Últimamente esta estrategia se ha expresado en el reconocimiento público hecho por funcionarios estatales y altos oficiales de carabineros, sobre la militarización de algunas zonas de Gulumapu y el fortalecimiento de la coordinación de las jefaturas policiales de Arauco y Malleco[2].

En cuanto a la cooptación, la estrategia consiste en pavimentar el camino social y polí­tico que permita favorecer el accionar del Estado dentro del concierto neoliberal. Entre sus expresiones más concretas se encuentra la creación de instancias "intermediarias" entre el Estado y el Pueblo Mapuche, así­ como la incorporación de potenciales lí­deres y dirigentes mapuche a su maquinaria burocrática. A modo de ejemplo, se encuentra la Corporación Nacional de Desarrollo Indí­gena, el Programa Orí­genes, y porqué no pensarlo el "Debate Indí­gena" en el que participaron algunas organizaciones durante el año pasado… En dudar no hay engaño…

A través de estas instancias y estrategias, el Estado ha buscado mantener el control centralizado de nuestro Pueblo, haciéndolo funcional a la "gobernabilidad democrática" concebida como "gobernabilidad sistémica". Es decir, aquella que garantiza la continuidad del modelo neoliberal y el equilibrio institucional a través del ejercicio de un "régimen polí­tico débilmente democrático y con escasos niveles de participación". Hemos de entender, que el acercamiento que el Estado ha manifestado en el último tiempo hacia los Pueblos Indí­genas en general y hacia el Pueblo Mapuche en particular, se enmarca en una democracia atada al modelo económico neoliberal, así­ como en un régimen polí­tico unitario y una "imagen de nación" compartida por toda su clase polí­tica… A fin de cuentas… ¡¡todos bailan la misma cueca!!!…

Para reproducir la dominación y el colonialismo en el cual forzadamente nos amarraron, el Estado debe configurar un conjunto de representaciones e instancias compartidas entre su clase polí­tica y los mismos mapuche. Representaciones que en un lenguaje diplomático se amparan en el discurso del "consenso". Y esas representaciones y consensos las construye a partir de "supuestas señales" que definen la agenda, los tiempos y los ritmos por los cuales transitar para resolver definitivamente la "deuda histórica". En este juego de intereses debemos ser capaces de estar un paso adelante (sino dos) y hacer lectura crí­tica a las estrategias y piezas del tablero que mueve el Estado y sus agentes, así­ como también considerar cuanto de lo que estamos haciendo garantizará futuro, porvenir y Libre Determinación para el Wallmapu. Es decir, pensar cuanto de lo que estamos haciendo y las estrategias y ritmos que estamos siguiendo permiten transformar estructuralmente nuestra condición de Pueblo sometido. En efecto, ¿es estratégicamente apropiado que con menos de tres meses de diferencia, dos referentes del Movimiento Mapuche (la Coordinación de Organizaciones Mapuche y el Consejo de Todas Las Tierras), hayan presentado por separado propuestas de participación polí­tica al Estado?, ¿Estaremos transitando en la agenda y los ritmos del indigenismo estatal?.

De esta manera, antes de entramparse en el "wachi" de las cuotas, aprobar y embarcarnos en la creación de un Consejo o Parlamento Nacional Indí­gena, o sacar precozmente de la manga propuestas de participación polí­tica en el marco de la relación con el Estado, es preciso abocarnos a garantizar la cohesión social a nivel interno, de manera de enfrentar en mejores condiciones los procesos y objetivos que como Pueblo podamos construir. En esta perspectiva, es conveniente que no se pierdan en el horizonte los caminos necesarios para reconstruir la autonomí­a, por lo que resulta clave respetar nuestros tiempos, ritmos y por sobre todo, reconstruir aquellas prácticas sociopolí­ticas (como los Parlamentos o Koyagtun) que en una etapa de nuestra historia (periodo de independencia polí­tica mapuche) garantizaron el Kí¼me felen (bienestar) al Wallmapu.

Nuevas o viejas Estrategias.

Entre las reflexiones en que ha incurrido el movimiento a través de sus diferentes expresiones, podemos sacar de la bodega del desuso u olvido algunas ideas que bien hoy podrí­an ponerse en acción, para ordenar el partido que se está jugando (sea palin, ajedrez o futbol) con el Estado. Entre las aspiraciones de soberaní­a que se mencionan en el documento que entregó la COM al gobierno, aparece el de los referéndum. Al respecto se dice: Realización de Referéndum vinculante para resolver controversias de interés regional y/o nacional que afecten los intereses de nuestros territorios[3].

Sin embargo, la mención de esa idea en su momento se hizo con pretensiones un poco más "ambiciosas"[4]. Contamos con el mismo derecho al que otros pueblos del mundo han echado mano, para autoconvocarnos pací­ficamente y aclarar a través del sufragio universal secreto e informado qué es lo que verdaderamente queremos. Este acto puede llevar a despejar dos actores en el camino: al estado y a los seudo lí­deres. Ambos no pueden definir una agenda a nombre de los pueblos indí­genas, sin que nosotros no hallamos sido informados ni menos convocados a decidir. Tampoco sin que se les halla entregado ese mandato.

Se podrá decir que un referéndum no tiene que ver con procesos propios (tradicionales) de participación y de congregación polí­tica, pero mientras se divaga en esto nuestra gente igual va a las urnas a reproducir con su voto el sistema dominante. Este sistema cerrado, excluyente, BINOMINAL, podrí­a tener un talón de Aquiles (o coserse en su propia salsa). La apropiación de la democracia en una de sus esencias, como lo serí­a un referéndum, podrí­a ayudarnos a ciertos propósitos: por ejemplo, establecer una agenda nacional mapuche. Quizás el paso básico a través de este acto sea sepultar -por voluntad soberana- el marco ideológico jurí­dico (indigenismo paternalista y asistencialista) que sustenta nuestra relación con el Estado. Adoptando el derecho humano de la autodeterminación como marco regulatorio de la nueva relación. Esto solo serí­a ponerse a la altura de los tiempos. Para cuando les hablemos de desarrollo no nos arrojen migajas; para cuando les mencionemos modernidad no nos impongan megaproyectos; para cuando exijamos derechos no nos motejen de fundamentalistas; para cuando digamos recuperación no nos lleven a sus tribunales; para cuando construyamos institucionalidad propia y autogobierno no se nos acuse de divisionistas. En fin.

Un acto de este tipo (referéndum) también debiera permitirnos elegir/confirmar un liderazgo propio que nutra a un parlamento nacional mapuche, vinculante y con base territorial, como bien ha expuesto la COM y que no tiene nada, pero absolutamente nada que ver con un consejo de pueblos indí­genas de Chile[5] y una polí­tica de cuotas.

¿Es imaginable autoconvocarnos para un referéndum en plenos festejos bicentenarios?, ¿Serí­a realista y legí­timo reafirmar nuestra condición de pueblo-nación, por medio de un acto pací­fico, democrático y reconocido por la comunidad internacional, mas cuando el gobierno va a reforzar su condición de estado-nación?, ¿Es imposible que en una coyuntura electoral presidencial y parlamentaria (2010) –sin sustraernos a ella si es necesario- estemos votando por representantes para un parlamento nacional mapuche?

Por ser una acto que congrega tan sólo a los mapuche y al no existir jurí­dicamente como pueblo, este hecho polí­tico se volverí­a ilegal desde la óptica del Estado; sin embargo, nuestros aprendizajes nos han hecho diferenciar entre lo legal y lo legí­timo. En un momento polí­tico donde no se avanza, si no es por la mediación de entes externos (relator de las naciones unidas; el tribunal de la corte interamericana) quizás este serí­a la posibilidad de romper el cerco existente al menor costo. Un referéndum no alcanza la cúspide ni se agota en la consumación del acto mismo. Requiere de un despliegue organizado y sistemático –que llevarí­a unos años- de todos los recursos humanos para hacer creí­ble este acto y ejecutarlo de la manera más informada, seria, unitaria y nacional posible. Se tratarí­a de hacerlo creí­ble entre nuestro pueblo y en la comunidad internacional, también en la población chilena, antes que los medios y el gobierno los hinchen de nacionalismo xenofóbico.

Los empoderamientos.

Sin embargo, la experiencia nos pisa los talones y nos sacude para señalarnos que no debemos ni podemos apostar a un solo caballo. Si nos quedamos con una estrategia fundamental pero de largo plazo, podemos darle tiempo a las burocracias indí­genas para que consigan su anhelo: recibir el reconocimiento desde el poder estado para hacer nuestra representación e interlocución. Es la idea de la figura de "consejero presidencial" que hoy se discute en las convenciones urbanas. Un proceso de centralización de un poder al interior del movimiento indí­gena que mas que parecerse a nosotros imita, y muy bien, al poder winka[6].

Hablar de un proceso de reconstitución interna no es salirse de la coyuntura, sólo se trata de entender donde está lo fundamental para mantenernos en el largo plazo. Es muy cierto que las condiciones jurí­dicas pueden jugar a nuestro favor si es que hacemos respetar una agenda polí­tica en base al derecho, pero así­ como el interlocutor Estado no da puntada sin hilo, nosotros debemos preparar el camino para activar todos los escenarios que nos permitan ir desenvolviéndonos en espacios con muchas más ventajas para alcanzar el Kí¼me Felen en una condición de Kizungenewtuwun.

Si creemos en la honestidad de nuestros dirigentes, especialmente en aquellos que piensan en un camino de inclusión dentro de las estructuras estado-nacionales a través de una polí­tica de cuotas parlamentarias (también en el gobierno regional y local), de "consejerí­a presidencial" y parlamento "indí­gena" (no territorial ni mapuche); entonces podrí­amos seguir los abatares que suceden en esas estructuras con una actitud militante, pues nuestros representantes debieran rodearse de un movimiento social que los legitime y controle a la vez[7].

Pero el camino institucional no es tan sólo esto, desde hace unas elecciones municipales atrás, se viene analizando nuestro comportamiento polí­tico en las urnas. Las escasas experiencias de empoderamiento del municipio (como Tirúa) permiten ver este espacio como significativo para una estrategia polí­tica de corte electoral. El próximo año (2008) se acerca una nueva coyuntura eleccionaria y se comienza el juego de proyecciones que la mayor parte de las veces son de tipo individual, localista y sectarias. La valoración de esta otra forma de participación hoy se ve incentivada por la creación de un partido (wallmapuwen), este y el movimiento deben ser lo suficientemente maduros como para no estorbarse desviando el agua hacia molinos ajenos. La complementación y la colaboración desde la logí­stica hasta la construcción del programa deben permitirnos acceder a los espacios donde se define y planifica territorialmente; y se decide en donde se invierte.

Fey. Felepe may.

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[1] Separata del Diario La Nación "Debate Nacional de los Pueblos Indí­genas de Chile". marzo de 2007.

[2] Es público que la intendencia de la IX región coordina reuniones periódicas con el alto mando de carabineros y otros servicios de inteligencia para atender el denominado conflicto indí­gena. Es decir, y no puede haber otra demostración más gráfica de lo colonial con que se opera, que existe una institucionalidad funcionando, que dispone de tiempo, medios, logí­stica y encargados que velan nuestros sueños para mantener el orden

[3] Separata del Diario La Nación, op.cit

[4] Nos referimos a las deliberaciones que hizo la Coordinación de Identidades Territoriales y Organizaciones Mapuche en la serie de Trawí¼n llevados a cabo entre los años 2003 y 2004.

[5] A finales de los ochenta surgió el consejo nacional de pueblos indí­genas –CNPI- que fue capaz de reunir a distintas organizaciones componentes del movimiento indí­gena del paí­s, en el periodo en que se estaba negociando los programas con el candidato de la Concertación. Su extinción corrió a la par con el desarrollo de la institucionalidad indigenista (la Cepi). Muchos de sus dirigentes pasaron a conformar la militancia indí­gena de los partidos polí­ticos chilenos que volví­an a la legalidad o fueron cooptados por el nuevo poder. Como vemos, ejemplos sobran.

[6] Esto no es nuevo y el Estado lo sabe muy bien, que muchos lonko en el último periodo de nuestra independencia fueron tentados con galones, charreteras, sables, bastones, actos marciales y sueldos periódicos. La máxima es muy elemental: divide y vencerás.

[7] Aún con la poca aproximación que tenemos al tema, nos parece importante destacar aquí­ la experiencia que se viene realizando en municipios de Santiago, con las llamadas Oficinas de Asuntos Indí­genas. Estas demuestran la capacidad y posibilidad que tienen ciertas organizaciones por copar espacios que permiten servir a su gente y potenciar identidad y organización. Si bien algunas de estas están empezando y no se pueden evaluar aún.

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